Acción Directa

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En la actualidad hay una gran cantidad de empresas de construcción pequeñas y medianas que hacen uso cotidiano de la figura de la subcontratación como instrumento para poder ejecutar las obras que les son encargadas. Ahora bien, en ocasiones se acepta este contrato sin disponer de suficientes medios humanos o materiales para poder enfrentar el trabajo. Lo anterior puede provocar que las dificultades económicas de las empresas contratistas se trasladen a sus subcontratistas, quienes en ocasiones ven frustradas sus expectativas de cobrar los trabajos que han ejecutado.

En este artículo encontrará mucha información sobre la mejor forma de afrontar este inconveniente que afecta a muchas subcontratistas.

Concepto de la acción directa

El sistema legal español prevé un método de protección para los subcontratistas, es la denominada Acción Directa contra el dueño de la obra. Esto se establece en las disposiciones del artículo 1597 del Código Civil que plantea que cualquier empresa que ponga su trabajo y materiales en una obra ajustada por el contratista, puede tener acción contra el dueño de la misma hasta la cantidad que éste le adeude.

Es decir, la acción directa es la posibilidad de actuar legalmente que tiene el subcontratista (que no ha cobrado por su trabajo para el contratista principal) de reclamar su pago, directamente al dueño de la obra.

Requisitos para la acción directa

Este tipo de jurisprudencia se ha desarrollado en las últimas décadas. Para que el subcontratista pueda prosperar en su acción directa contra el dueño de la obra se le exigirá una serie de requisitos. Aunque según cada caso particular las exigencias específicas pueden variar, por lo general son las siguientes:

Obra ajustada alzadamente

Es importante que la reclamación se haga sobre una obra ajustada alzadamente por el contratista. Sin embargo, en el pasado los tribunales competentes han declarado que la condición se cumple no solo si la obra se ajusta por precio alzado, sino también en los casos en que se ajuste por unidades de obra.

Aquí hay que tomar en cuenta que lo anterior es cierto solo en el supuesto de que se fijen exactamente el número de unidades a ejecutar.

Reclamación previa hacia el contratista principal

En este punto la jurisprudencia ha cambiado un poco. En ocasiones, se ha considerado suficiente cualquier reclamación extrajudicial medianamente fehaciente. Sin embargo, en otros momentos se exigió que la reclamación se formulase formal y judicialmente.

Al respecto, las últimas resoluciones del Tribunal Supremo tienden por conceder eficacia a las reclamaciones extrajudiciales, al tiempo que el artículo 1597 del Código Civil no exige formalidades especiales.

Crédito del subcontratista frente al contratista

Al momento de llevar a cabo su reclamación, el subcontratista debe comprobar que ya ha realizado unos trabajos y que los mismos no le han sido pagados por el contratista.

Aquí es conveniente tomar en cuenta que el crédito que el subcontratista espere reclamar ha de ser líquido, vencido y exigible. Es decir, en este punto queda claro que las retenciones de obra no podrán ser reclamadas por esta vía hasta su vencimiento.

Crédito del contratista frente al dueño de la obra

Por lo general, para que la reclamación resulte efectiva es indispensable que al momento de su realización el dueño de la obra adeude al contratista alguna cantidad derivada del mismo contrato de trabajo. En este punto hay que tomar en cuenta que la suma adeudada actúa como el límite máximo a abonar por el trabajo. Además, hay que considerar que en ningún caso la acción podrá prosperar si las cantidades adeudadas por el dueño de la obra al contratista son por un contrato de obra diferente.

Por otro lado, el comitente (dueño de la obra) podrá oponer las excepciones personales que tenga contra el reclamante, de conformidad con lo expuesto en el artículo 1148 del Código Civil. Así mismo y sin desmérito de lo anterior podrá oponer la extinción de la deuda por haber pagado con anterioridad al contratista según el artículo 1157.

Del mismo modo, tiene derecho a oponer las excepciones derivadas de incumplimientos del contratista principal si, por ejemplo, éste no ejecutó la obra o no lo hizo de manera correcta.

Respecto de las obras públicas y del contratista principal

Antes de la entrada en vigencia del Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en el año 2011, por lo general se admitía la posibilidad de ejercer una acción directa en los casos en los que el comitente era una Administración Pública.

Sin embargo, esto cambió en detrimento de todos aquellos subcontratistas que en ese momento tenían comprometidas cantidades pendientes de cobro de los contratistas principales. Ello, en razón de que en el artículo 227.8 del mencionado texto legal, se reguló expresamente que un subcontratista no podría en ningún caso ejercer una acción directa frente a la Administración por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista. Lo anterior refiriéndose como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los posibles subcontratos existentes.

Esto también quedó estipulado en el artículo 215.8 de la vigente Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

¿Se puede ejercer una acción directa contra la Administración?

Por otro lado, existe una forma que permite poder reclamar en los supuestos previstos en la disposición adicional quincuagésima primera. Donde se establece que sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, la Administración contratante podrá prever en los pliegos cláusulas administrativas donde se garanticen los pagos directos a los subcontratistas.

En otras palabras, es posible ejercer la acción directa contra la Administración contratante si los pliegos del contrato suscrito con el contratista principal contienen cláusulas administrativas que así lo permitan.

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De ese modo a la hora de formalizar un subcontrato de obras con el contratista principal de una obra pública, se contará con las cláusulas administrativas que contemplen la posibilidad de que la Administración realice pagos de forma directa a los subcontratistas. Esto funciona como un buen mecanismo de control de riesgos ante posibles impagos por parte del contratista principal.

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