El acceso a una vivienda a través de una cooperativa de viviendas tiene palpables beneficios pero puede provocar en el socio cooperativista situaciones de cierta inquietud ante la ejecución inacabada de la promoción y la inexistencia de aval en garantía de las cantidades entregadas a cuenta. Sobre este aspecto tratamos en este artículo
Comentario dedicado a comprender los diferentes escenarios que pueden darse ante el desistimiento del arrendatario de un local de negocio así como la cuantía de la indemnización que puede exigir el arrendador.
Traemos a colación en este artículo las diferencias existentes entre la normativa que entró en vigor el día 1 de enero de 2016 y la aplicable con anterioridad a los meros efectos de verificar cuál de ellas protegía más intensamente los intereses de los compradores de viviendas sobre plano o en construcción.
En el mes de noviembre pasado se han publicado tres resoluciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo refrendando la jurisprudencia que ha consolidado en los últimos años sobre la responsabilidad de las entidades bancarias no avalistas y el deber de control que pesa sobre las mismas respecto a las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de viviendas sobre plano o en fase de construcción. En este comentario nos hacemos eco de las citadas resoluciones y comentamos las mismas.
La cláusula inserta en los contratos de ejecución de obra entre promotor y constructor mediante la cual se exige la renuncia de los subcontratistas de este último a ejercitar la acción directa frente al dueño de la obra y si se trata de una estipulación abusiva es una cuestión controvertida que intentamos desbrozar en el presente comentario.
La división de un inmueble cuya propiedad se comparte con otros condueños puede dar lugar a una variada casuística y problemática la hora de llevarla a cabo, siendo la pretensión de este comentario el poner de manifiesto los conceptos generales de esta operación.
El presente artículo incide sobre el denominado "pago enervador" del desahucio y el momento en el que ha de efectuarse para que despliegue todos sus efectos liberatorios frente al arrendador del piso o local.
La participación de sociedades gestoras de cooperativas o de comunidades en el proceso constructivo han sido utilizadas, puntualmente, como instrumento para eludir las responsabilidades propias de un promotor inmobiliario cuando realmente han actuado de forma encubierta como auténtico promotor con una intervención directa decisiva en todo el proceso edificatorio.
Un retraso prolongado en la entrega de la vivienda comprada sobre plano o en fase de construcción puede llevar al comprador a solicitar la resolución del contrato de compraventa. En este artículo abordamos cuál es el momento adecuado para llevar a cabo el requerimiento resolutorio.
Vender dos veces un mismo inmueble puede tener consecuencias penales. El Código Civil regula en su artículo 1473 la doble venta desde la perspectiva civil; ahora bien, en este comentario abordamos cuándo esa doble venta inmobiliaria es susceptible de reproche penal.