Principales novedades del Real Decreto-ley 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler


De manera esquemática y sin perjuicio de profundizar sobre la materia en posteriores comentarios, sintetizamos las principales modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley publicado en el BOE en el día de hoy y que afecta a diferentes textos legales.

 

§  Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU):

 

Las novedades más significativas son las siguientes:

 

1.           Aunque siguen considerándose excluidos del régimen jurídico de la LAU los arrendamientos de uso turístico se refuerza con la nueva redacción su remisión a la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.

 

2.           El plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda se amplía de 3 a 5 años (o 7 años si el arrendador es persona jurídica). La intención de extender el plazo mínimo de duración es que el arrendatario goce de mayor estabilidad para establecer en la vivienda arrendada su domicilio habitual.

 

3.           Asimismo, con el mismo espíritu, se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años en aquellos casos en los que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovar el contrato con 30 días de antelación a la fecha de vencimiento del contrato. En definitiva, como se observa, se modifican los artículos referidos a la duración del contrato de arrendamiento al texto vigente antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 4/2013, de 4 de junio.

 

4.       Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán a cargo del arrendador cuando este sea persona jurídica salvo aquellos servicios que se hayan contratado por iniciativa directa del arrendatario.

 

5.           Se facilita la adopción de acuerdos entre arrendador y arrendatario para ejecutar obras de mejora. En este sentido, podrá acordarse que, en cualquier momento desde la vigencia del contrato, se lleven a cabo dichas obras, sin que ello implique interrupción de los plazos de duración establecidos o se inicie un nuevo cómputo de los mismos.

 

6.           En los arrendamientos de vivienda se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades. La justificación se encuentra en liberar al arrendatario de cargas económicas adicionales a la tradicional fianza.

 

7.      Quedan exentos de abonar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente.

 

 

 §  Modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH):

 

  1.  Con objeto de estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la accesibilidad, se modifica la LPH para aumentar del 5%, al 10% el fondo de reserva de las comunidades de propietarios y establecer la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad. El período de adaptación del fondo de reserva será de 3 años. Las obras de accesibilidad serán obligatorias cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.

 

2.  Con el ánimo de paliar los problemas de convivencia que actualmente se están sufriendo en aquellas comunidades de propietarios donde existen inmuebles de uso turístico se flexibiliza la adopción de acuerdos para limitar o condicionar estas actividades mediante mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios (de votos y cuotas).

 

 

§  Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) respecto al procedimiento de desahucio de vivienda:

 

Se modifica el procedimiento establecido en la LEC respecto al desahucio de vivienda cuando se aprecien posibles situaciones de vulnerabilidad. En estos casos, en el requerimiento de pago se informará al arrendatario demandado de la posibilidad de que acuda a los servicios sociales y, en su caso, de la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a estos para que puedan apreciar su situación de vulnerabilidad.

 

Si la Administración competente apreciase indicios de vulnerabilidad lo pondrá en conocimiento inmediatamente al Juzgado correspondiente, suspendiéndose el proceso hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas durante el plazo máximo de 1 mes o de 2 meses si el demandante es persona jurídica. Adoptadas las medidas o transcurrido el plazo se alzará la suspensión.

 

 

 

 

 

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