¿Qué puedo hacer ante la ocupación ilegal de mi vivienda?

 

           La pregunta formulada puede causar extrañeza ante la proliferación de casos de ocupación ilegal. Podría pensarse que para resolver estas situaciones existe un procedimiento único, muy elaborado y rápido en su aplicación. Sin embargo, hasta julio pasado los propietarios o legítimos poseedores de viviendas se encontraban con ciertas dificultades para recuperar las mismas en el caso de sufrir una ocupación ilegal. A la consabida y endémica lentitud de la Administración de Justicia había que sumar dificultades prácticas desde el punto de vista procesal que retardaban aún más la acción ejercitada. El fenómeno de la ocupación ilegal afecta directamente al derecho constitucional a la propiedad privada al ser éste menoscabado por personas que mediante el chantaje, la extorsión o comportamientos mafiosos se aprovechan de estos desajustes del ordenamiento jurídico para permanecer en la vivienda ocupada durante un prolongado período de tiempo.   

 

            En el BOE de 12 de junio pasado se publicó la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, con la loable intención de sanar las deficiencias del sistema además de abordar las situaciones reales de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial en contraposición a los fenómenos de ocupación ilegal premeditada que no encuentran cobijo en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. El espíritu de esta norma es articular los mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, haciendo exclusión de las pertenecientes a personas jurídicas. 

 

Actualmente, existen varios cauces a los que puede acudir el perjudicado ante una situación de ocupación ilegal en su vivienda. En primer lugar, aparece el recurso a la vía penal al amparo del art. 245.2 del Código Penal que regula el delito de usurpación. Sin embargo, es infrecuente que prospere esta opción debido a que impera el principio de intervención mínima del Derecho penal y los jueces de esta jurisdicción son propensos a reducir estas cuestiones a una mera controversia civil. 

 

Por otro lado, ya desde la perspectiva civil, el perjudicado por la ocupación ilegal cuenta con la posibilidad de acudir bien a un desahucio por precario, bien a una acción reivindicatoria o bien a solicitar la tutela sumaria de la posesión como titular de un derecho real inscrito o a través del anteriormente conocido como «interdicto de recobrar la posesión». Quizás el recurso más utilizado en la práctica era el desahucio por precario; ahora bien, no siempre prosperaba esta acción ya que intrínsicamente no era equiparable a un «precario» en sentido estricto. Como constata la propia Exposición de Motivos de la Ley 5/2018, en estos supuestos ni existe un uso tolerado por el propietario o titular del legítimo derecho de poseer, ni ningún tipo de relación previa con el ocupante. 

 

Ante este contexto de inseguridad procesal precisamente para la parte agraviada con la ocupación ilegal, la Ley 5/2018 opta por «adecuar y actualizar» el tradicional interdicto de recobrar la posesión para recuperar de manera inmediata la vivienda que se sustancia por el cauce del juicio verbal. Para ello se modifican varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo las novedades más sustanciales las siguientes:

 

  1. Al interponerse la demanda de tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho, los demandantes podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de la vivienda si se han visto privadas de la misma sin su consentimiento. En el Decreto de admisión de la demanda se requerirá a los ocupantes para que en el plazo de cinco días aporten título que justifique su situación posesoria. Si no lo justificaran suficientemente, el tribunal ordenará mediante Auto la inmediata entrega de la posesión a la parte actora si su título sí fuera bastante.

     

  2. Si la parte demandada no contestara en plazo a la demanda se dictará sentencia con carácter inmediato, la cual, permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

     

  3. Para paliar el grave problema que representaba la identificación y posterior notificación al ocupante ilegítimo, la reforma legal admite que la demanda pueda dirigirse genéricamente contra los «desconocidos ocupantes de la misma», sin perjuicio de la notificación de la demanda a quien se encontrare en el inmueble al tiempo de practicarse la misma. La única exigencia es que el actor acompañe a la demanda el título en el que se funde su derecho a poseer. Hasta ahora se admitía jurisprudencialmente la notificación a los desconocidos ocupantes pero a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2018 adquiere el consiguiente reconocimiento legal.

     

  4. El funcionario que lleve a cabo la identificación del receptor de la demanda y de los demás ocupantes de la vivienda podrá ir acompañado de los agentes de la autoridad. Al igual que en el anterior apartado, en la práctica así se venía efectuando pero de esta forma queda consignado en el nuevo texto legal.

     

  5. Con la finalidad de atender a situaciones de especial vulnerabilidad social, cuando la notificación de la resolución contenga la fecha del lanzamiento, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, previo consentimiento de los interesados.

      

Consecuentemente, habrá que esperar al desenvolvimiento práctico de esta actualización del procedimiento de tutela sumaria de la tenencia o posesión (anterior interdicto de recobrar la posesión) para verificar si ha sido eficaz el cambio normativo en el procedimiento de tutela sumaria de la tenencia o posesión. En todo caso, la mejora procedimental del legislador debe conjugarse con una mejor dotación de medios en la Administración de Justicia para que el retraso en la resolución de los procedimientos no beneficie a aquellos que ilegalmente ocupan las viviendas, quedando desnaturalizada la reforma procesal.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0